Debido a la trágica muerte de Quintino Cereceda el último 14 de octubre de este año, el debate público vuelve a poner al proyecto Las Bambas en el centro de la noticia. Muchos expertos afirman cosas inexactas. La polarización y fragmentación no está sólo en los espacios locales sino en el campo de la noticia y la opinión pública limeña. Ante esto, con el objetivo de ampliar el debate, quiero compartir mi opinión sobre algunos puntos que considero críticos en el relación al caso: a) los derechos colectivos de las comunidades (incluida la consulta previa) y b) el rol del Estado en el marco de los acuerdos previamente alcanzados.

1. Las comunidades de Apurímac son indígenas

Si bien desde hace medio siglo la población de los andes rurales no son “imaginados” como indígenas sino como campesinos, las comunidades de Cotabambas se reivindican como parte de un pueblo indígena: los Yanahuara. El quechua es la lengua predominante y sus alcaldes – todos de extracción rural - se identifican como indígenas. La Base de datos del Ministerio de Cultura así lo reconoce.

Los pueblos indígenas cuentan con una serie de derechos colectivos, como el territorio y la participación en los aspectos que les concierna, como el derecho de paso por su camino comunal, para poner un ejemplo. En ese sentido, desde el inicio de la operación, las voces de las comunidades son claras: exigen una negociación directa con la empresa, a la cual le piden una renta, y una serie de demandas al Estado. Ambas corren por carriles diferentes. Pero nos olvidamos que el Convenio 169 de la OIT, reconoce la posibilidad de que en zonas de actividad extractiva las poblaciones pueden recibir beneficios directos de las actividades que se desarrollan en su territorio. Es decir, marco legal existe para sus demandas de un fondo directo.

Entonces si las comunidades de la zona son indígenas ¿por qué las modificaciones a los EIA no pasaron por consulta previa? Por dos razones: El MINEM no identifico como medidas a ser consultadas estos actos administrativos y el otro camino que puede activar la consulta previa es el derecho de petición si una o varias comunidades pertenecientes a pueblos indígenas demandan que esa medida administrativa les puede generar afectaciones a sus derechos colectivos pueden solicitarle a la entidad promotora implemente un proceso de consulta previa. Nunca se activó este mecanismo por alguna comunidad de esta zona. Con la normatividad actual, el Viceministerio de Interculturalidad puede recomendar pero no tiene carácter vinculante y no puede iniciar de oficio un proceso de consulta previa.

Por ello es importante discutir propuestas de reforma que fortalezcan la consulta previa. Por ejemplo, es hora de discutir si el SENACE consultara alguna medida administrativa en la elaboración o modificación de los EIA.

2. Mesas de Diálogo: A fojas cero.

No aprendemos. En nuestro país parece que cada nueva administración sienta sus bases sobre el descrédito de la precedente. Los procesos de diálogo que se siguieron en las mesas de Cotabambas y Challhuahuacho terminaron con acuerdos que derivaron en proyectos de inversión pública. Un análisis más profundo de esos acuerdos y las dificultades para su implementación permitiría a los actuales equipos a cargo del diálogo tener lecciones aprendidas y mejorar los mecanismos para garantizar que se llegue a buen término.

No obstante, vivimos la tragedia griega del eterno comienzo. Esta semana hemos escuchado a los miembros del nuevo gobierno señalar que no se han cumplido con los acuerdos firmados por la administración anterior y han llegado a señalar que muchos son hasta imposibles de cumplir. ¿Cuáles serían estos? ¿Por qué serían imposibles? ¿Cuál es el estado de los acuerdos que se dejaron? Los informes sobre el cumplimiento de los acuerdos deberían ser de acceso público. La ONDS debería publicar todas las actas firmadas y el informe de avance que heredaron.

Al respecto, es importante mencionar que los proyectos de inversión pública -que son la expresión operativa de los acuerdos - siguen un proceso que puede demorar años. Todos los proyectos aprobados en las mesas cuentan con financiamiento, es decir tiene recursos asignados y eso en la gestión pública es la mitad del camino recorrido. Cuidar que esos recursos se mantengan y más bien se incrementen debe ser un tema de atención. Otro problema en la demora de la ejecución de los proyectos, y esto se debe a que son los gobiernos locales a quienes corresponde su formulación, salvo que se firmen convenios con los sectores para que estos se encarguen de la elaboración de los perfiles. Pero los gobiernos locales como sabemos no tienen capacidades para esta tarea. ¿Hay mecanismos que reemplacen esto y sean más expeditivos? esa debería ser la discusión. Siempre se habla de destrabar proyectos de inversión privada y eliminar la tramitología, pero poco se discute de cómo se destraban los cientos de proyectos con presupuestos aprobados en zonas de alta conflictividad social y a los cuáles se les da el mismo trámite que cualquier otro.

Pero miremos en la región, en Ecuador y en Colombia en algunos proyectos priorizados la inversión privada no se inicia sino hasta que la inversión pública haya cubierto lo que podríamos llamar mínimos vitales, es decir aquellas cosas básicas para el bienestar de la población como saneamiento, educación o salud. Un saneamiento social que permita que en las crisis no aparezcan demandas de este tipo y luego acuerdos, porque estos no pueden nacer de una negociación: son obligaciones estatales. La negociación es en otros campos: beneficios derivados de la actividad, participación y monitoreo ambiental, empleo, etc. El piso de la negociación no puede ser desde la pobreza de la población. Este contexto no permite avanzar, ¿discutimos si ponemos escuelas o postas de salud, eso no es negociable? porque es obligación del Estado hacerlo sea en zona minera o no.

Todos estos puntos solo sirven para ejemplificar que las discusiones requieren de mejor y mayor información, de la urgente necesidad de tomar estas crisis para debatir temas de fondo, pero no para encerrarse en un debate simplista de buenos o malos, sino en encontrar soluciones a los problemas de mayor envergadura detrás de cada conflicto social.